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Diario YA


 

“Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por la escalera de la libertad de expresión. Inmediatamente después de alcanzar el poder cada dictador suprimió la libertad de expresión a todos excepto la suya propia.” Herbert Clark Hoover.

¿Libertad ilimitada de expresión? Ideal máximo del comunismo bolivariano

Miguel Massanet Bosch.
Cuando se habla de la libertad de expresión es evidente que nos estamos refiriendo a la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de protestar contra la injusticia, contra la supremacía de los poderes públicos, contra la corrupción o determinadas normas que pudieran constituir una limitación a los derechos individuales de los españoles o un perjuicio grave a sus intereses económicos. Sin embargo, lo que estamos viendo desde que tenemos un gobierno de filosofía socio-comunista es que existe una tendencia política a darle una mayor amplitud a este derecho constitucional extendiendo y amplificando esta libertad a un mayor número de situaciones en las que la posibilidad de su aplicación y su inclusión en lo que podría ampararse en el derecho constitucional, ya presenta más que serias dudas y posibles objeciones ya que puede entrar en confrontación con determinados delitos recogidos en nuestro derecho penal que protegen a los ciudadanos de falsas acusaciones, de injurias y calumnias y demás triquiñuelas políticas destinadas a descalificar, perjudicar, obstaculizar o poner palos en las ruedas de aquellas personas o partidos a los que se intenta poner dificultades aunque, finalmente, todo acabe ante los tribunales con un  simple sobreseimiento o sentencia exculpatoria.
Dada la tradicional lentitud de nuestra justicia, los sucesivos recursos que nuestra Ley tiene previstos y la flaca memoria que viene demostrando el pueblo español para olvidarse de aquellos a los que la Justicia ha condenado, despreocupándose de los posibles resultados favorables conseguidos en las apelaciones de aquellas personas sobre las que ha caído una sentencia injusta. Otra de las carencias que observamos en la administración de justicia es el poco castigo que reciben aquellos culpables de acusaciones injustas que se valen de esta impunidad para atacar a aquellos a los que intentan perjudicar o crearles problemas fiándose de que, en caso de perder, poder alegar el derecho a libre expresión para justificar una acción que, en la mayoría de los casos, resulta que carecía en absoluto de base para emprender la acción penal en cuestión.
Y es que, señores, estamos viendo la facilidad, la impunidad, la temeridad con la que algunos políticos se dedican a mentir a sabiendas de que lo que dicen en público en contra de sus adversarios políticos es inexacto o, lo que tampoco es admisibles, algunos de nuestros políticos, de los que forman el actual gobierno, no les importa hacer declaraciones que claramente están en disconformidad con la realidad de nuestra nación, con nuestra democracia, con nuestra situación social, con nuestra situación sanitaria o con nuestra posición en el ámbito internacional respeto a la situación económica, nuestra influencia dentro de la CE, nuestro evidente endeudamiento público que, si ahora pudiera considerarse dentro de la filosofía general de la comunidad, lo que no queda tan claro es lo que va a suponer para España el tener que devolver lo prestado en años sucesivos.
Y, hete aquí, que los más perjudicados por esta práctica de esconder la realidad, de ocultar lo que perjudica a nuestros gobernantes o de vendernos gato por liebre en cada ocasión en la que, quienes son los responsables de informar a los ciudadanos, deciden que es mejor mantenernos en la inopia somos los ciudadanos. Los gobernantes se empeñan en evitar como sea lo que pueda perjudicar la credibilidad de quienes son los verdaderos responsables de los sucesivos errores que se están cometiendo en cuanto a la pandemia de la Covid 19 y a sus sucesivas reactivaciones, un tema que parece que no acaba de solucionarse o en la situación real de nuestra economía olvidándose de que, en este año en el que estamos viviendo, seguramente se va a registrar el mayor número de quiebras de la historia si se mantiene la tendencia del primer trimestre del año. En este periodo en España se han registrado la friolera de 3.203 concursos de acreedores lo que hace presuponer que en el 2021 pueden superarse los 10.000 casos.
Y hablando de boutades por parte de nuestros ministros, si queremos olvidarnos de las salidas de tono de un Iglesias que ya ha agotado la poca credibilidad que le quedaba en su condición de político sobrevalorado que ha vivido de rentas durante años pero que, a la hora de la verdad, se ha quedado en su condición de mero agitador de masas que necesita acudir al insulto, y las amenazas de cárcel  a la señora Ayuso cuando, precisamente, es él quien tiene graves cuentas con la Justicia; nos aparece el ministro de Universidades, el podemita Manuel Castells que, curiosamente, ha sido el que más patrimonio ha declarado ( 5.000.000 de euros) algo que no deja de llamar la atención en un partido de defensa del proletariado aunque, por lo visto, en Unidas Podemos no parece que piensen así visto el patrimonio y el casoplón del que goza el matrimonio Iglesias-Montero en la zona residencial de Galapagar. Pues el señor Castells, en declaraciones al periódico separatista La Vanguardia, se ha permitido pronunciar una frase lapidaria, más propia de una Pasionaria en plena Guerra Civil (recuerden el “no pasarán” de Ibarruri) que de una persona que debería estar al tanto de la verdadera situación del país en manos de Sánchez y de Iglesias. El señor ministro está convencido, no sabemos en base de qué extraños sortilegios, de que: “Si este Gobierno colapsara, España se desintegraría”. Cuesta poder entender que, en las circunstancias actuales, una persona como un ministro de España, tenga la temeridad de pronunciarse de una forma tan absurda.
Y no queremos cerrar este comentario sin referirnos una vez más esta señora Isabel Celaá, ministra de Educación, cuyas hijas se educaron en colegio Bienaventurada Virgen María- irlandesas de Ledoia (concertado y católico) y, ella misma, que estuvo en el colegio Sagrado Corazón de Bilbao, lo que demuestra la distancia que existe desde un ideario político de conveniencia y claramente fanático-idealista con lo que respeta a la propia familia de la señora ministra. Esta señora viene demostrando su cariz totalitario, su falta de flexibilidad, su empecinamiento y su divorcio con quienes integran el profesorado a pesar de que al señor Juan José Matari le espetó que no sabía nada de lo que pensaba el profesorado, del que ella ha prescindido en todo momento en la toma de sus decisiones. Aparte de la metida de corvejón de la ministra al abroncar al señor Matarí cuando él defendía una situación que afectaba a su propia familia (una hija discapacitada) nos da la sensación de que la ministra reacciona con tanta pasión porque se ve venir una posible rectificación desde Europa.
Recordemos al respeto lo que dijo la señora Sonya Gospodinova, portavoz comunitaria de Educación hizo recientemente la siguiente declaración: “los padres deben tener las posibilidades de asegurarse la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas y a sus visiones filosóficas”. ¿Dónde encaja aquí aquello que argumentó la Celaá de que “los hijos no pertenecen a los padres” y, ¿en qué lugar situamos aquello que nos espetó la ministra de que “el interés de los menores está por encima de la voluntad de los padres”  si, con ello, se intenta argumentar que los niños, como sucedía con las juventudes Hitlerianas en las famosas Nápolas  de Bernhard Rust, donde se internaban a los niños del partido nacional socialista del Fürer alemán para imbuirles las doctrinas únicas del nazismo,  para que fueren aleccionados en las ideas social-comunistas del actual gobierno; sean cuales fueren los legítimos deseos de sus padres respeto a la educación de sus hijos.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,  estamos ante otra de las maniobras para neutralizar al centro derecha español, aunque para ello fuere necesario prescindir de lo dispuesto en nuestro artículo 20 de la Constitución donde, en su apartado 4º,  se deja escrito: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.”. España no se merece semejante Gobierno y a los españoles nos corresponde que ellos no se eternicen en el poder. Y una frase de Confucio para pensar: “Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo; busca un nuevo camino para llegar a él” Pues eso.
 

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